Aragón acaba de aprobar una ley novedosa en este país que establece la custodia compartida como opción preferente para los jueces en el caso de que no haya acuerdo en un divorcio o separación.

Hasta ahora, más del 90% de las sentencias de separación o divorcio daban a la mujer la custodia de los hijos junto con el uso de la vivienda hasta que se emancipaban y una pensión de alimentos.  La custodia compartida rompe con ese pack y insta a los padres a que se hagan cargo de sus hijos y negocien la custodia en igualdad de condiciones, con independencia de cómo se reparta la vivienda familiar posteriormente o quién pague la pensión de alimentos. Es decir, se antepone la situación de los hijos para después discutir sobre la casa o los bienes, que hasta ahora se viene otorgando al cónyuge que se queda con los hijos (habitualmente la madre por el simple hecho de serlo sin atender a las circunstancias personales de cada caso).

Esta situación, que en un principio parece favorecer a la madre, provoca todo lo contrario: que se perpetúe el papel de la madre como la única persona que se puede hacer cargo del hijo y el padre se convierta en un mero amigo de fin de semana y los abuelos paternos en parientes lejanos.
Es decir, se ignora el deber y el derecho de ambos progenitores de hacerse cargo de la educación del hijo común. Además, otro hecho que no se debe ignorar, es que con el tiempo, los hijos se emancipan,  finaliza la pensión alimenticia y el derecho a la vivienda. El padre solicita liquidar la vivienda y la madre se encuentra en la calle y sin vida profesional, a la que renunció para poder dedicarse a la familia.

En fin, parece ser que poco a poco se empieza a debatir la necesidad de cambiar la tendencia con leyes que favorezcan la igualdad y el compromiso de verdad.